Más armas no es igual a seguridad: ¡hablemos de antimilitarismo!

Publicado el 19 de Agosto, 2022
Tras el reciente anuncio del presidente sobre la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), asó como las propuestas del PRI para ampliar el uso de armas de fuego, reflexionamos sobre la militarización y las consecuencias que ha tenido en el contexto de violencia que vivimos en México.

En conferencia el pasado 8 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Guardia Nacional se adscribiría mediante un acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), hecho que permite que la seguridad pública nacional se vea cada vez más inclinada hacia lo militar.

Este anuncio, en el contexto actual que vive el país, es desesperanzador. La oposición, por un lado se pronuncia en contra del proceso de militarización pero, por el otro, lanza propuestas que no evalúan los contextos y situaciones de violencia con armas para detenerlo.

Un ejemplo de lo que puede implicar tener militares y policías armados fuera de funciones es el caso de Naomi, “La Soñaré”, una mujer trans trabajadora sexual que fue asesinada en marzo de 2020 por dos militares armados que en ese momento estaban fuera de funciones, pero sí eran miembros activos de las fuerzas armadas.

Los hechos sucedieron en la colonia Guerrero de la Ciudad de México y su caso es el primero en su tipo, un transfeminicidio ejecutado por militares, en tener una resolución. En los primeros días de agosto los militares fueron condenados a 23 años nueve meses de prisión por el feminicidio de Naomi.

Según las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional están en los lugares más altos en percepción de confianza. Sin embargo las mujeres tienen un 4% menos de confianza en estas instituciones y en promedio 7.9% más mujeres las perciben como corruptas.

Esto cobra sentido cuando revisamos el informe ‘Sobrevivir a la Muerte’ publicado por Amnistía Internacional en 2016. El documento establece que en el 80% de las detenciones realizadas por la Marina y en el 50% de las realizadas por el Ejército las detenidas sufrieron de violación sexual. En el 72% de los arrestos las detenidas fueron manoseadas, el 94% fueron insultadas y en el 74% de los casos los insultos tenían que ver con el hecho de ser mujer.

También podemos analizar el Diagnóstico Nacional de Tortura Sexual Cometida contra Mujeres en México, presentado el 27 de junio de este año por la Secretaría de Gobernación. Este diagnóstico era una tarea pendiente desde 2018 y una parte del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano por el caso de tortura sexual ejercida sobre las Mujeres de Atenco.

En el diagnóstico se entrevistó a 1,280 mujeres privadas de libertad y se concluyó que 8 de cada 10 fueron sometidas a tortura durante su proceso legal, el 32.19% fue sometida a tortura sexual y el 11.64% padeció actos de carácter sexual.

Las armas de fuego: otro obstáculo en el acceso a vidas libres de violencia

En junio pasado el PRI lanzó dos propuestas:

  • Que se permita a los miembros de las fuerzas armadas llevar a casa sus armas de trabajo para protegerse del crimen organizado.
  • Que las familias que lo deseen puedan tener acceso a armas de mayor calibre para defenderse. Actualmente es legal que una persona tenga un arma de fuego no superior a los 9 milímetros únicamente en su domicilio y es la Secretaría de Defensa Nacional la encargada tanto de expedir las licencias para posesión, como de la venta y registro de armas.

Durante la administración actual se ha llegado a la cifra récord de 150,000 elementos desplegados en el territorio nacional y de acuerdo a la información de ‘Global Firearms Holdings’ de Small Arms Survey publicada en 2018, México se posiciona como el séptimo lugar con más armas en manos de civiles, con un estimado de 16 millones 800 mil, de las cuales sólo 3 millones 118 mil están registradas ante las autoridades, es decir, son legales.

Podemos y debemos aprender de las experiencias de otros países, como Argentina, en donde los policías tienen permitido portar su arma de cargo aún fuera de funciones y bajo una lógica de “actuar siempre”. Como consecuencia, entre 1996 y 2018 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) registró 180 muertes en contextos de riñas entre vecinos, discusiones por incidentes de tránsito y otros conflictos personales no relacionados con sus funciones. Nos encontramos en un contexto en el que aún con diversas restricciones oficiales para el acceso a armas de fuego la facilidad para tener acceso a éestas de manera ilegal representa un papel prioritario en la violencia.

 

 

Alto a la militarización del país

Desde Balance y el programa de Libertad y Ambiente Seguro nos posicionamos en contra de la militarización y el aumento de armas en las calles, porque sabemos son estrategias que no han garantizado seguridad para nadie.

Hacemos un llamado, también, a que apostemos por estrategias de seguridad colectiva que impliquen un cambio en la construcción de la estructura social y nuestros roles en las tareas de cuidados.