Más que números: violencia sexual hacia niñas y adolescentes en México

Sin embargo, también es relevante reconocer que no todos los embarazos en la infancia y adolescencia ocurren bajo las mismas circunstancias, por ello desde Balance y sus programas de Libertad y Ambiente Seguro (LiberAS), Adolescentes Autonomía y Sexualidad (AAS) y Fondo MARIA, creemos necesario un análisis que distinga edades, contextos y voluntades y que evite respuestas simplistas, revictimizantes o punitivas.

Éstas son nuestras reflexiones.

Autonomía corporal: el derecho a decidir

Para responder a la situación es crucial considerar que la autonomía corporal es un principio fundamental de los derechos humanos, es decir, que todas las personas, sin importar su edad, tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Para las, los y les adolescentes, este principio no es la excepción y significa tener acceso a información clara, servicios de salud sexual y reproductiva, y la posibilidad de elegir —sin presiones— si desean o no continuar con un embarazo.

Además, para hablar de autonomía corporal también es fundamental reconocer dos conceptos que van de la mano. El primero es el de capacidades en evolución, que se refiere a las facultades cognitivas, psicosociales, físicas, emocionales y morales que se van desarrollando gradualmente y de manera independiente a la edad cronológica. Este concepto, además, reconoce que las personas crecen en diferentes espacios y culturas y que se enfrentan a diferentes experiencias de vida, por lo que la adquisición de estas capacidades ocurre a distintas edades.

El segundo concepto clave es el principio de autonomía progresiva, que se refiere al derecho que tienen infancias y adolescencias a que se reconozca su capacidad para tomar decisiones conforme van creciendo y de acuerdo con su nivel de desarrollo.

Niñez, diferente a la adolescencia

También es importante considerar que infancia y adolescencia no son lo mismo. Desde la mirada jurídica, en México se considera a las infancias o niñeces a las personas menores de 12 años, mientras que se denomina como adolescentes a quienes tienen entre 12 y 18 años. Esta distinción es clave porque implica distintos niveles de desarrollo; por ejemplo, en la etapa de la adolescencia hay cambios físicos, cognoscitivos y psicosociales particulares.

Así pues, en la mayoría de los casos, las infancias menores de 12 años no cuentan con las condiciones necesarias para ejercer un consentimiento plenamente libre e informado (1) , sobre todo en relaciones con personas adultas que tienen y podrían ejercer poder o control sobre elles. Sí: el consentimiento puede existir, pero usualmente es invalidado por desigualdades estructurales, afectivas o de dependencia.

En cambio, en el caso de adolescentes con mayor edad, especialmente entre los 16 o 17 años, la autonomía para tomar decisiones —incluso en el terreno afectivo o sexual— puede estar más fortalecida, por lo que es más posible que las personas puedan decidir sobre sus proyectos de vida y sus cuerpos desde un ejercicio pleno de autonomía y sin presiones externas.

Aborto como parte de una respuesta integral

Una forma de ejercer autonomía corporal, de cuidar la salud física y emocional, y de construir los proyectos de vida que deseamos es el acceso al aborto como un derecho. Abortar se trata de las decisiones que cada persona tienen derecho a tomar, mismas que deben ser respetadas y garantizadas, considerando que cada persona es la experta sobre su propia vida y cuerpo.

Sin embargo, el acceso al aborto en México sigue siendo profundamente desigual, por ejemplo en el caso de las adolescencias que enfrentan múltiples barreras que van desde el desconocimiento de sus derechos y la desinformación sobre la existencia de métodos de aborto seguro, hasta experimentar violencias, estigma, condiciones económicas precarizadas y falta de servicios accesibles.

A este panorama hay que sumar las respuestas institucionales que infantilizan, obstaculizan o directamente niegan el derecho a decidir a las personas entre 12 y 18 años. Ello resulta especialmente grave cuando existe un marco legal que garantiza el derecho de las adolescencias a abortar, por ejemplo la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que permite el aborto en casos de violencia sexual sin necesidad de presentar una denuncia ni tener la autorización de madres, padres, xadres o tutores; y la Ley General de Víctimas, que obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso a servicios de salud a aquellas personas que han vivido violencias.

Por ello, desde Balance insistimos en que el acceso a servicios de aborto debe estar garantizado como parte de una atención integral en salud sexual y reproductiva, no como una excepción, ni como un favor. Esto implica asegurar que los servicios de salud sean y estén disponibles, gratuitos, que brinden información clara y comprensible, que cuenten con personal capacitado e insumos y que brinden posibilidades reales para decidir desde la autonomía y sin coerción.

Por último, el aborto, en casos de niñas y adolescentes que enfrentan embarazos producto de violencia sexual, no es una respuesta aislada, sino que es parte de un enfoque integral que debe articularse con políticas de prevención de embarazos forzados, atención a la violencia, acceso efectivo a métodos anticonceptivos y educación integral en sexualidad.

Garantizar el acceso a la interrupción del embarazo no es suficiente si no se enfrentan las causas estructurales de los embarazos en la niñez y la adolescencia. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de actuar antes, no solo después, es decir, prevenir la violencia sexual, generar entornos seguros para la niñez y las adolescencias, así como construir sistemas de salud y educación que acompañen, informen y protejan a estas poblaciones.

Castigar no es lo mismo que reparar

Frente a los embarazos de adolescentes y niñas, así como la falta de acceso al aborto observamos que las respuestas del Estado mexicano parten de un enfoque punitivo, por ejemplo: solicitar que todos los casos de embarazo de adolescentes sean reportados al ministerio público. Observamos también que las instituciones estatales aumentan la violencia primaria negando acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Desde Balance, consideramos que la respuesta del gobierno federal no toma en cuenta el contexto de las adolescencias al enfrentarse a violencias como la sexual, así como tampoco los riesgos que podrían desencadenar, por ejemplo: que las adolescencias ya no acudan a los servicios públicos de salud para monitorear el embarazo debido a la amenaza de prisión o a que la violencia contra elles se exacerbe.

Por ello es relevante señalar que la respuesta no puede ser punitiva hacia las propias infancias o adolescencias involucradas. Criminalizar a adolescencias por vivir su sexualidad, por estar embarazadas o por haber tomado decisiones con sus parejas —en relaciones entre pares—profundiza la estigmatización y la exclusión.

Conclusiones

En Balance pensamos que no podemos asumir que todas las adolescencias deben abortar, ni tampoco que deben maternar. La verdadera autonomía consiste en poder elegir con acompañamiento e información, no desde el aislamiento, el juicio o el miedo.

Ahora bien, cuando existen relaciones desiguales, coercitivas o con personas adultas, el Estado sí tiene la obligación de responder y de ofrecer respuestas integrales, preventivas, restaurativas y comunitarias, que garanticen el libre desarrollo de todas las personas en entornos informados, acompañados y no violentos ni coercitivos.

Cuando el Estado responde con criminalización, castigo o control en lugar de cuidado, aumenta las barreras para acceder a información y servicios seguros. El miedo de las personas a ser juzgadas, criminalizadas o a tener que atravesar procesos legales revictimizantes las aleja de los servicios públicos y eso también es violencia.

Desde la sociedad civil organizada, los activismos feministas, como los que propone Balance, apostamos por ofrecer respuestas integrales y restaurativas, que diferencien entre relaciones abusivas y consensuadas, que fomenten el acceso libre a Educación Integral en Sexualidad y a Derechos Sexuales y Reproductivos a todas las personas, así como que promuevan el desarrollo sexual y afectivo en entornos libres de violencia y que fomenten la autonomía corporal de cada quien en todo momento.

(1). Entedemos el consentimiento afirmativo como un acuerdo mutuo, voluntario, consciente, informado, específico y revocable para participar en conductas mediante pleno ejercicio de autonomía y libertad. El consentimiento no es válido si hay amenaza de violencia, si se tiene alguna condición que no le permita a la persona comprender el hecho y sus implicaciones (como puede ser el caso si la persona no ha adquirido las facultades necesarias) y, por lo tanto, consentir.